Señorías:
"El derecho primero del Parlamento es el derecho de fiscalización". Lo decía hace ya muchos años quien fuera presidente de esta Cámara y una de las principales referencias del parlamentarismo español, José Sánchez Guerra. Y yo, que coincido absolutamente con él en su apreciación, estoy encantada de volver a esta Comisión, en la que ya comparecí al inicio del curso, para explicar la política educativa del gobierno. Para explicarla y para exponerla al juicio crítico de sus señorías. Porque esa es la esencia del Parlamento.
Es mucho lo que tengo que contar, porque mucha ha sido la actividad del Ministerio –y del conjunto de las administraciones educativas- desde que comenzó el curso. Porque todos estamos convencidos que esta es una etapa decisiva de nuestra historia, en la que la educación se revela como el arma más eficaz para sembrar las bases de la recuperación en este momento de gran complejidad económica. Ahora la educación desempeña una función crucial; es el instrumento más valioso para lograr una sociedad más rica, más equilibrada, con más bienestar.
Cuando me presenté ante esta Comisión por primera vez hace casi un año, anuncié como objetivos prioritarios del Ministerio la lucha contra el abandono escolar temprano, el nuevo impulso a la Formación Profesional, la evaluación del sistema educativo, el Plan Educa3, la revisión de nuestro programa de becas para hacerlo más eficaz y dar un nuevo impulso a la formación del profesorado.
En todos estos ámbitos hemos realizado importantes avances en estos seis meses, en estrecha cooperación con las CCAA, y a lo largo de mi intervención explicaré las actividades realizadas, los proyectos en marcha en todos estos campos y en el de las nuevas tecnologías al servicio de la educación, y los objetivos más inmediatos.
Pero antes de hablar de las iniciativas adoptadas en este semestre y de los proyectos para el futuro, quiero hacer un apunte sobre la continuidad de algunas de las políticas que han constituido la seña de identidad de este Ministerio durante los últimos años.
Mañana llevaré al Consejo de Ministros la distribución entre las CCAA de los créditos correspondientes al año 2009 para los Programas de Refuerzo, Orientación y Apoyo (los PROA), al Programa Educa 3 y al Programa de Bibliotecas Escolares. En total, se distribuyen 158 millones de euros, de los cuales 100 corresponden al Programa Educa 3; 49,6 a los PROA y 9 a las Bibliotecas Escolares.
Creo que no es necesario que explique en esta Cámara cuáles son las características y objetivos de estos programas, que son de sobra conocidos por todos ustedes.
Baste con señalar que:
Las políticas educativas en un país diverso y plural
Este breve apunte sobre el reparto de créditos entre las CCAA me permite entrar en la primera reflexión que quiero realizar en esta comparecencia, y que tiene que ver con cómo se pueden y se deben desarrollar las políticas –en este caso las políticas educativas- en España.
Señorías: lo que voy a decir ahora ya me lo habrán escuchado muchas veces. Lo señalé en mi primera comparecencia ante esta comisión, lo repetí -en otros términos- en la que realicé al comenzar el curso académico, y no me he cansado de decirlo dentro y fuera de esta Cámara.
Generalmente, al hablar del Estado, tendemos a referirnos por antonomasia a la Administración General del Estado. Pero en nuestro país, aunque con cierta frecuencia unos y otros lo olvidemos, el Estado lo integramos tanto el Gobierno como las Comunidades Autónomas.
Y en este contexto, cada administración tiene sus propias competencias, competencias que delimitan un margen para la acción de cada una. Un margen definido por la Constitución Española, por las leyes orgánicas aprobadas por las Cortes y por los estatutos de autonomía vigentes que -no creo que se necesario recordarlo aquí- también han sido sancionados por las Cortes. Y es dentro de este marco general, en su ámbito competencial, donde cada administración despliega sus propias políticas y elabora sus normativas.
Nos movemos, por lo tanto, en un contexto institucional rico, variado y complejo. Y por esta razón estamos obligados a mantener un diálogo constante entre las administraciones. A cooperar, a entendernos y a respetar nuestros respectivos fueros competenciales.
Afortunadamente, los cauces para la cooperación institucional son muchos y funcionan. En el ámbito de las políticas educativas, el organismo que coordina la cooperación entre el gobierno y las CCAA es la Conferencia Sectorial de Educación. Una institución joven pero que con el paso de los años ha ido adquiriendo un considerable protagonismo en el diseño y desarrollo de las políticas educativas. Una institución que estoy segura –y me parece deseable- adquirirá un protagonismo cada vez mayor.
La Conferencia Sectorial de Educación es un foro que nos permite a las administraciones con competencias educativas mantener un diálogo continuo, detectar problemas, intercambiar experiencias e impulsar políticas conjuntas.
Quiero insistir en esto, porque con frecuencia se demanda a los partidos y a las instituciones que dialoguen, que establezcan acuerdos sobre los objetivos generales que deben seguir las políticas educativas. Que alcancen un pacto educativo. Pues bien: ese pacto, ese nivel general de acuerdo sobre lo importante, sobre lo sustantivo, ya existe y tiene su sede en la Conferencia Sectorial de Educación.
Son muchas las iniciativas conjuntas que el gobierno y las CCAA hemos desarrollado en este foro. Iniciativas que están contribuyendo a mejorar nuestro sistema educativo. Iniciativas como los programas de desarrollo e implantación de la Ley Orgánica de Educación, los PROA o el Plan para la Reducción del Abandono Escolar Temprano en el que estamos trabajando gobierno y CCAA y sobre el que volveré más adelante.
Por eso pienso que es necesario dar un mayor realce a la Conferencia Sectorial de Educación. Y creo que junto con las convocatorias ordinarias –a finales de abril hay una prevista- es importante que tengamos reuniones monográficas sobre temas de especial relevancia. En este curso, de hecho, ya hemos tenido una sesión sobre abandono escolar temprano.
También creo que merece la pena establecer en el seno de la Conferencia –así lo propondré en su próxima reunión- comisiones permanentes, o temporales que elaboren estudios e informes sobre temas específicos que luego puedan debatirse en un foro más amplio y que contribuyan a orientar las políticas educativas. Contamos ya con un precedente, que es la Mesa permanente sobre el abandono escolar temprano, creada en la última Conferencia.
En definitiva, una política educativa que responda a las necesidades de los ciudadanos, en un país como el nuestro, con ámbito competenciales distribuidos entre distintas administraciones, sólo es posible desde el diálogo y la leal colaboración. Porque del estado del sistema educativo somos responsables todas las administraciones con competencias educativas.
Colaboración no siempre exenta -somos conscientes de ello- de tensiones. Incluso de una discrepancia vehemente. Al fin y al cabo, todos queremos hacer lo mejor para nuestro país desde nuestros diferentes ámbitos competenciales, y ello puede conducir a la discrepancia y a la confrontación.
Pero esto tampoco debe asustarnos: la discrepancia no solamente es legítima. Si me apuran, también es necesaria. Porque de la controversia, del debate, del juicio crítico y del cruce de ideas nacen los mejores proyectos.
Este es el marco general en el que debemos desplegar nuestras políticas educativas: la necesaria cooperación institucional.
Ahora voy exponer cuales son los objetivos generales de la política educativa del gobierno y qué medidas, con la cooperación de todas las administraciones, estamos adoptando para llevarlos a la práctica.
El Plan de reducción del abandono escolar temprano
Señorías: Desde hace más o menos una década, en torno al 30 por 100 de nuestros jóvenes abandona los estudios tras haber acabado la enseñanza obligatoria, un porcentaje que casi duplica la media de la Unión Europea. Muchas son las razones que explican esta situación y sería prolijo entrar ahora a detallarlas. Lo importante es que, sea cual sea la cusa, el número de jóvenes que abandonan los estudios con la única posesión del título de la ESO representa una importante descapitalización para nuestro país.
Necesitamos que, una vez acabada la escolarización obligatoria, nuestros jóvenes continúen formándose. El conocimiento es hoy en día el factor determinante del progreso y por esta razón nuestras sociedades deben acumular capital de conocimiento. Máxime en este momento, en el que resulta necesario un cambio en el modelo de desarrollo.
Si el progreso en la sociedad industrial estuvo asociado a la extensión de la enseñanza primaria, en la sociedad del conocimiento el progreso se asienta sobre la generalización de la enseñanza secundaria.
El acceso de cada ciudadano a un mayor nivel de formación es un bien para toda la sociedad. Pero también entraña un beneficio para cada individuo, y no siempre es fácil conseguir que prevalezca esta idea.
Este fin de semana un diario comentaba, en tono algo despectivo, que la actual crisis económica estaba "condenando" a nuestros jóvenes a formarse.
Debemos hacer un esfuerzo por desterrar este tipo de clichés. Formarse no es una condena. Es todo lo contrario. Una amplia formación ofrece más oportunidades para acceder a empleos cualificados y más medios para la promoción profesional. Quizá no en el plazo más inmediato, pero a medio o largo plazo, un joven sin una formación cualificada apenas tiene posibilidades de promocionar en el mercado laboral; por el contrario, un joven con formación secundaria completa o formación universitaria, tiene ante sí un mayor abanico de posibilidades.
Por esta razón, incrementar el número de jóvenes que prosiguen con sus estudios tras obtener el graduado escolar es un objetivo prioritario para todas las administraciones con competencias y responsabilidades en educación. Es un objetivo necesario para el país.
Ante esta situación, ya en mi comparecencia de mayo del pasado año, anuncié que quería convocar una Conferencia Sectorial de Educación con la reducción del abandono escolar temprano como asunto monográfico.
Convoqué esta Conferencia porque, como acabo de explicar hace un momento, estoy convencida de que las políticas educativas esenciales requieren la estrecha cooperación de todas las administraciones educativas. Y que su éxito depende de una justa combinación de medidas de ámbito general, con otras más adaptadas a las necesidades específicas de cada territorio. Y esto resulta especialmente claro en el caso del abandono escolar temprano, que alcanza cotas diferentes en cada CCAA y que obedece en cada una a diversas causas.
La Conferencia Sectorial sobre abandono se celebró el 20 de noviembre del pasado año. Pero antes de aquella reunión hubo un intenso trabajo de discusión, debate y diagnóstico de la situación, fruto del cual aprobamos el Plan de reducción del abandono escolar temprano.
Este plan es un acuerdo entre el gobierno y las CCAA, con un diagnóstico compartido, un conjunto de propuestas y recomendaciones y un compromiso de reducción de tasas de abandono, tomando como punto de partida la situación de cada Comunidad Autónoma, y respetando la capacidad de cada administración para hacer hincapié en aquellas medidas más oportunas en función de las características de cada territorio.
Durante este ejercicio y el próximo, la dotación presupuestaria prevista en el Plan de Apoyo a la Implantación de la LOE se destinará, con carácter preferente a respaldar el Plan de reducción del abandono escolar temprano. La primera partida, de 121 millones de euros para 2009, se distribuirá en el seno de la Conferencia Sectorial.
Las propuestas del Plan se articulan en torno a cuatro amplios bloques de actuación. El primero afecta especialmente a las administraciones educativas y propone diversificar la oferta educativa obligatoria –aumentará considerablemente el número de plazas de Programa de Cualificación Profesional Inicial- y postobligatoria y actuar sobre los colectivos en los que se producen mayores bolsas de abandono temprano. En este sentido, una de las prioridades del Ministerio es avanzar hacia una plena educación inclusiva que permita aumentar el éxito escolar entre el alumnado con discapacidad.
Este bloque incluye también el desarrollo de medidas y programas preventivos dirigidos expresamente a prevenir el fracaso escolar, prestando un apoyo específico a los alumnos que durante el período de escolarización obligatoria presenten dificultades para obtener el título de Educación Secundaria Obligatoria.
Asimismo, contiene medidas dirigidas a dotar de mayor flexibilidad al sistema educativo. Quiero aprovechar la ocasión para hacer hincapié en una cosa: estoy convencida, y más de una administración educativa lo comparte, de que una mayor flexibilización del sistema educativo es esencial para conseguir que el mayor número posible de jóvenes continúen formándose una vez concluidos los estudios obligatorios, tanto en los ciclos formativos de grado medio, como en el bachillerato. Y por eso, desde el Ministerio, haré cuanto esté en mi mano para promover dicha flexibilización.
El segundo bloque de propuestas se dirige, específicamente, a los centros educativos. Buena parte de la lucha contra el abandono tiene lugar en la escuela. Por eso el Plan contiene programas dirigidos específicamente a la orientación y al refuerzo, así como a la formación del profesorado.
El tercer bloque está dirigido a las familias, porque si queremos convencer a los jóvenes para que sigan estudiando, la colaboración de las familias es imprescindible. Por eso el Plan incluye medidas dirigidas a incentivar la colaboración de las administraciones con las AMPAS, a impulsar las Escuelas de Padres, o a promover el uso de las nuevas tecnologías en la comunicación entre los centros educativos y las familias.
Este tercer bloque, y el siguiente, contemplan también una serie de acciones dirigidas a los jóvenes que han abandonado el sistema educativo con una baja cualificación. Tal y como ha señalado la OCDE en su último informe sobre España, para el período 2009-2010, durante la última década ha habido una importante oferta de empleo poco cualificado –en la hostelería, en la construcción- y eso ha sido un incentivo para que muchos jóvenes dejaran el sistema educativo sólo con una titulación básica, o incluso sin ella. La ralentización de la actividad económica, sobre todo en el sector de la construcción, ha provocado que muchos de estos jóvenes, tras abandonar sus estudios e incorporarse al mundo laboral, se encuentren ahora sin empleo.
Buena parte de ellos están tratando de regresar al sistema educativo, y las administraciones debemos incentivar ese regreso promoviendo medidas como el reconocimiento del aprendizaje no formal, el desarrollo de los servicios de orientación o el refuerzo y ampliación de la oferta de educación a distancia y de la enseñanza para adultos.
Para efectuar el seguimiento de las medidas incluidas en el Plan, se ha creado una Mesa Permanente sobre Abandono Escolar Temprano en el seno de la Conferencia Sectorial. El primer balance de la Mesa está previsto para el próximo otoño, un año después de que esta iniciativa se haya puesto en marcha. No obstante, en la Conferencia Sectorial de finales de este mismo mes, la Mesa ofrecerá un análisis de seguimiento que esbozará las líneas de acción adoptadas hasta ahora por las distintas administraciones.
La Hoja de Ruta de la Formación Profesional
Otra de las grandes líneas de trabajo abiertas en el Ministerio, y que anuncié en mi primera comparecencia ante esta comisión, es el impulso a la Formación Profesional.
Una línea que guarda una estrecha relación con la anterior. Como ya señalé antes, las tasas de abandono escolar temprano en España –de estudiantes que abandonan los estudios tras la escolarización obligatoria- son mayores que las europeas. Pero el porcentaje de estudiantes de Bachillerato –y sus equivalentes- es mayor en España que en la Unión, mientras que la tasa de estudiantes de Formación Profesional de grado medio es mucho menor. Y esto es lo que marca la diferencia real con Europa.
Muchos de los jóvenes que abandonan el sistema educativo tras la escolarización obligatoria son potenciales estudiantes de Formación Profesional que han podido acceder al mercado laboral en puestos de trabajo no cualificados, y han preferido esta opción a la de proseguir su formación en el sistema educativo. Por lo tanto, la reducción del abandono escolar temprano pasa también por dar un nuevo impulso a los ciclos formativos de grado medio y superior.
Es cierto que la situación de la Formación Profesional ha cambiado mucho en los últimos años. Su estima social es creciente, debido, en buena medida, a que la LOGSE contribuyó a que fuera percibida como una vía respetable de acceso al mercado de trabajo.
Además, la mayoría de los jóvenes titulados en Formación Profesional encuentra empleo en poco tiempo: en 2001, seis meses después de acabar sus estudios, sólo el 10 por 100 de los graduados continuaba en busca de trabajo. Y esto demuestra que son muchos los empresarios que reconocen la calidad e idoneidad de la formación.
Pero aunque su situación haya mejorado, la Formación Profesional sigue teniendo un gran potencial de crecimiento. Un potencial que debemos impulsar las administraciones públicas en estrecha cooperación con los agentes sociales. Un impulso necesario para el país, porque en la sociedad del conocimiento los modelos de producción y de consumo están sometidos a extraordinarios cambios tecnológicos y ello exige la formación de profesionales especializados.
Una Formación Profesional de calidad, por lo tanto, es fundamental para asentar un modelo alternativo de crecimiento basado en el conocimiento, que asegure un desarrollo económico sostenible y un creciente bienestar y cohesión social.
De ahí que sea necesario un nuevo impulso con el fin de promover una Formación Profesional exigente, pero flexible para ofrecer mayores oportunidades de elección a los estudiantes. Una Formación Profesional que permita lograr empleos de calidad y aporte riqueza y bienestar a la sociedad. Una formación profesional accesible a un mayor número de ciudadanos.
Para alcanzar este objetivo era necesaria una mayor cooperación institucional, en varias direcciones. De entrada, con las Comunidades Autónomas. Pero también era precisa una mayor colaboración entre los ministerios de Trabajo e Inmigración y de Educación, Política Social y Deporte, que permitiera aunar esfuerzos y trabajar en una mayor coordinación entre los diversos subsistemas de formación: la formación profesional y la formación para el empleo, ya sea continua u ocupacional.
Porque, en última instancia, estamos hablando de diversas vías de afrontar la formación para el trabajo: ya sea formación inicial, dependiente del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, ya sea formación continua de los trabajadores, dependiente –en su mayor parte- del Ministerio de Trabajo e Inmigración. Todas, en diferentes etapas, persiguen un mismo objetivo: aumentar la cualificación profesional de los ciudadanos, ofreciéndoles, por lo tanto, más capacidad de elección y promoción en su vida laboral.
Fruto de esta cooperación, de esta voluntad de situar la Formación Profesional en el primer plano de las políticas educativas, ha sido la elaboración de la Hoja de Ruta de la Formación Profesional, un programa de trabajo estructurado en torno a nueve objetivos globales, que presentamos en público el ministro Corbacho y yo el pasado 31 de octubre.
No voy a describir con detalle esas nueve líneas de acción –quiero reservar parte de mi intervención a otros aspectos de la política educativa- pero los objetivos principales que persigue la Hoja de Ruta son:
Las medidas incluidas en esta Hoja de Ruta de la Formación Profesional ya están en marcha. Y si la cooperación entre Educación y Trabajo ha sido necesaria para promover este programa, la colaboración entre la administración central y las CCAA es absolutamente imprescindible para desarrollarlo.
Todas las administraciones estamos trabajando para llevar a la práctica las propuestas incluidas en la Hoja de Ruta. Las medidas que están más avanzadas, cuya presentación está prevista para los próximos meses, son las siguientes:
La cultura de la evaluación en el sistema educativo
Dije en mi primera comparecencia ante esta Comisión que durante esta legislatura íbamos a promover la cultura de la evaluación en nuestro sistema educativo, como vía para conseguir una educación de calidad. Que sólo podremos mejorar nuestro sistema educativo si sabemos cómo funciona, cómo prepara a nuestros estudiantes y cual es su grado de eficacia. Y que para ello son esenciales evaluaciones periódicas, pues la información que nos transmiten es la que nos permite orientar las políticas educativas.
Pues bien: hoy ese compromiso ya es una realidad. Esta semana comienza una nueva época en nuestro sistema educativo. Una época en la que la cultura de la evaluación se convierte en una de las características esenciales de nuestro sistema; en un elemento crucial, representativo de nuestro sistema y, al tiempo, en un asunto cotidiano porque cada vez estará más presente en las actividades educativas.
Una cultura de la evaluación que, por supuesto, no pretende hacer listados de mejores y peores, sino ofrecer un conocimiento profundo del sistema que nos permita reforzar sus aciertos y reaccionar a tiempo ante sus posibles debilidades.
Es cierto que ya tenemos una notable experiencia en evaluación a nuestras espaldas. Aunque existen precedentes aislados, la observación y evaluación del sistema educativo avanzó notablemente en España en los años ochenta y noventa. En ello fueron determinantes las evaluaciones cuatrianuales en 6º de Primaria que, al abrigo de la LOGSE, se realizaron en 1999, 2003 y 2007. Estos precedentes nos llevaron a incorporar a la LOE la cultura de la evaluación, no ya del alumno, sino del sistema en su conjunto.
Una nueva cultura de la evaluación acordada con todas las Comunidades Autónomas y que arranca con la celebración de la primera evaluación general de diagnóstico.
Los alumnos de 4º de primaria serán los pioneros de esta nueva cultura de la evaluación. La evaluación general de diagnóstico comenzó ayer, 1 de abril y se extenderá hasta el día 30 de este mismo mes. La muestra se realizará en 888 centros, participarán en ella 28.000 alumnos e implicará a 1.350 profesores.
Su objetivo es ofrecer información sobre el grado de adquisición de las competencias básicas del currículo por el alumnado que finaliza el 2º ciclo de la educación primaria, en el conjunto del Estado y en las Comunidades Autónomas.
En el proceso que ha comenzado ayer se evaluarán cuatro de las competencias básicas: las competencias lingüísticas, en las que se evalúan la comprensión lectora, la comprensión oral y la comprensión escrita; las competencias matemáticas; las competencias conocimiento e interacción con el mundo físico y las competencias sociales y ciudadanas.
En el mismo marco de esta evaluación general de diagnóstico, y entre la primavera y el próximo otoño, los más de 400.000 alumnos de 4º de Primaria de todas las CCAA participan en la evaluación censal que estas deben realizar con el fin de obtener la información necesaria de cada alumno y cada centro.
Estas evaluaciones nos permitirán tener nuestra propia información sobre el sistema educativo, y no depender en exclusiva de los estudios internacionales. Pero nuestro progreso depende también de nuestra capacidad para compararnos con los mejores, para saber qué lugar ocupamos en el panorama educativo internacional.
Por eso el gobierno sigue, como ha ido haciendo hasta ahora, incentivando la participación española en estudios educativos de ámbito internacional. Y porque somos plenamente conscientes de que necesitamos saber y de que sólo sabiendo podremos mejorar, el gobierno sigue apoyando la participación española en el Informe PISA e, incluso, ha alentado a las CCAA para que participen expresamente en él. Y por esta razón, en el informe PISA que se realiza este año son ya trece las CCAA que participan, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
La evaluación preparatoria para el Informe PISA, en la que participan este año 65 países, se realizará en España entre los días 20 de abril y 29 de mayo, y participarán en la muestra 910 centros y 27.000 alumnos. Como tema prioritario, la evaluación de este año se centrará en las competencias en nuevas tecnologías en el aula.
Y porque queremos saber más de nuestro sistema educativo, España participará también este año en el Estudio Internacional sobre Educción Cívica y Ciudadana de la Agencia Internacional de Evaluación. Es el primer estudio de estas dimensiones sobre la competencia cívica y se enmarca en el interés internacional por la formación ciudadana, en la línea asentada por las directivas europeas.
No es necesario que les explique hasta qué punto las competencias cívicas y ciudadanas son esenciales en la formación de nuestros jóvenes. Tal y como afirma una reciente sentencia del Tribunal Supremo, la formación ciudadana "facilita la paz social, al permitir la convivencia entre discrepantes, y es un elemento esencial para asegurar el adecuado funcionamiento del sistema democrático, porque contribuye a favorecer la discusión y el intercambio de ideas".
Este estudio evaluará las competencias cívicas y ciudadanas adquiridas por los alumnos de 14 años (2º y 3º de ESO), así como su actitud hacia la educación cívica. Participan en él 38 países, incluidos 25 de la Unión Europea, y la muestra española implicará a 150 centros, 4.500 alumnos y 2.2.50 profesores.
En definitiva, desde ahora y hasta finales de mayo, el sistema educativo (alumnos, profesores, centros e incluso familias) se somete a un exhaustivo proceso de evaluación que implicará a cerca de 60.000 alumnos y 3.600 profesores. La cultura de la evaluación ya ha arraigado en España.
Las nuevas tecnologías en las políticas educativas
Señorías: También vamos a volcarnos en la introducción de las nuevas tecnologías en las aulas. Hemos dado ya grandes pasos. La práctica totalidad de los centros educativos tienen conexión a Internet. Una gran mayoría de comunidades autónomas cuentan con redes educativas propias más o menos desarrolladas. Una gran parte de los centros cuenta con aulas informáticas que los alumnos y profesores utilizan habitualmente.
En los últimos meses, varias administraciones autonómicas han ampliado todos estos programas y ahora es cada vez más frecuente que los docentes utilicen medios informáticos para su trabajo, o aulas que cuentan con pizarras electrónicas entre otros aparatos.
Asimismo, se cuentan por miles los profesores que han recibido formación y se han convertido también en generadores de contenidos digitales y de nuevas formas pedagógicas a través de los ordenadores o de Internet.
La última evaluación en Educación Primaria demuestra que los resultados de los alumnos que utilizan regularmente ordenadores u otros medios tecnológicos son mejores, y el próximo Informe PISA tiene como principal objetivo la evaluación de las competencias en nuevas tecnologías.
Es evidente que los jóvenes del siglo XXI han integrado Internet y las tecnologías como un elemento más de su vida. Y que el mundo de esta época, en el que viven y desarrollarán toda su vida, resulta inconcebible sin la red y sin medios tecnológicos.
Por eso ha llegado el momento de dar un paso adelante. Las tecnologías de la comunicación son hoy mucho más que una ayuda en la enseñanza o el aprendizaje. Son una herramienta pedagógica de igual valor y de uso tan habitual como antaño lo fueron los libros o los bolígrafos. Es la escuela del futuro, la escuela 2.0 a la que tenemos que llegar lo más pronto posible.
Para los docentes debe ser (y en muchos casos ya es) una forma de mejorar su labor, de enriquecer su trabajo y de lograr más fácilmente sus objetivos.
Y para los alumnos (no hace falta explicarlo mucho), nada hay más alejado de su vida habitual que aprender ignorando internet y los ordenadores. La red y los medios tecnológicos incrementan su interés, su aprendizaje, sus posibilidades, su rendimiento. Y, desde luego, les preparan mucho mejor para tener más oportunidades en el presente y en el futuro.
Todas estas razones nos urgen a intensificar la introducción de las tecnologías en el sistema educativo. Y por eso desde el Ministerio, y en colaboración con las CCAA, estamos preparando un amplio programa de difusión y extensión tecnológica.
Porque no se trata solamente de que los centros dispongan de conexión más o menos rápida a Internet. Se trata de que seamos capaces de ofrecer a través de la red:
En suma, el Ministerio tiene la firme voluntad de integrar las nuevas tecnologías en el sistema educativo, de llevarlas a las aulas, de ponerlas al servicio de la comunidad educativa, y por esta razón estamos desarrollando una serie de acciones:
Estas son sólo algunas de las acciones que desplegaremos en los próximos meses y de las que les informaré oportunamente. Son los primeros pasos –habrá más- de un objetivo ambicioso: hacer de las nuevas tecnologías una herramienta para mejorar la educación en España y para dar más oportunidades a nuestros alumnos.
Más oportunidades y más recursos para que utilicen de forma positiva Internet, las redes sociales y todo el nuevo abanico de posibilidades que se les está abriendo para comunicarse con el mundo. Más oportunidades para que aprendan a aprovechar sus ventajas y defenderse ante sus inconvenientes. Más oportunidades para que sean capaces de detectar los riesgos del mundo virtual, de la misma manera que pueden hacerlo en su entorno físico cuando salen a la calle.
Los alumnos están más que preparados para responder a este reto. Sus formas de relacionarse, de escuchar y recibir información han cambiado. Y lo cierto es que, o nos acercamos a su lenguaje, o cada vez nos entenderán menos.
Los profesores muestran constantemente su disposición a mejorar su formación y la manera en que desarrollan su labor. Cada vez son más los que aprovechan los nuevos formatos digitales y sus nuevas capacidades para mejorar su labor, para llegar más y mejor a sus alumnos, para prepararles más eficazmente para ser mejores ciudadanos.
Y los padres demandan ayuda y canales para involucrarse en la educación de los niños y jóvenes, y las instituciones estamos obligadas a ayudarles para que puedan utilizar lo mejor de las tecnologías y alejar los peligros que el abuso de ellas puede suponer.
Y puesto que ya que tenemos los medios para apoyar todos estos deseos, las administraciones debemos ser capaces de organizarnos y de coordinarnos para trabajar ellos. Ir por un camino distinto al que ofrecen las tecnologías sería ir en contra de una mejor educación para nuestros hijos. El Gobierno de España, y estoy segura que todos ustedes y todas las administraciones, queremos ir en otra dirección, en la dirección que lleva a formar a nuestros estudiantes para vivir en el mundo que nos rodea.
Final
Señorías, ya concluyo.
España está encarando un momento de gran complejidad económica. Y ello nos obliga a ser más ambiciosos, a ofrecer más opciones a los ciudadanos. Y es aquí donde la educación desempeña una función crucial. La educación es el instrumento más valioso para lograr una sociedad más justa, más equilibrada, con más bienestar.
Una mejor formación facilitará a los ciudadanos seguridad y nuevas oportunidades frente a los retos y los riesgos de esta hora. Porque estamos convencidos de que la educación es la mejor política social para hoy y la mejor inversión productiva para el futuro.
Por esta razón para el Gobierno la apuesta por la educación es una prioridad. Porque estamos convencidos de que la prosperidad de un país no radica sólo en la capacidad de acumular riqueza de sus ciudadanos, sino también el nivel educativo que poseen.
Muchas gracias.
